Responsabilidad patrimonial de la Administración: requisitos, reclamación y seguro

Definición

Es la obligación de las Administraciones públicas de indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar (artículo 32 de la Ley 40/2015). Es directa y objetiva: no hace falta probar la culpa de un funcionario, pero sí un daño efectivo, evaluable e individualizado y su relación de causa con el servicio. Se reclama a la Administración en el plazo de un año por el procedimiento de la Ley 39/2015; si no resuelve en seis meses, la reclamación puede entenderse desestimada, y el litigio va al orden contencioso-administrativo. Su aseguradora de responsabilidad civil puede ser demandada junto a ella o, por la acción directa, sola ante los tribunales civiles.

Qué es la responsabilidad patrimonial

El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 dice: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley».

Es el equivalente público de la responsabilidad civil de los particulares, con dos diferencias. Es directa: se reclama a la Administración, no al funcionario que causó el daño, y es ella la que después le exige responsabilidad si actuó con dolo, culpa o negligencia graves (art. 36; el paralelo con el artículo 1904 del Código Civil, en culpa in vigilando). Y es objetiva: basta con que el daño venga del servicio, aunque nadie haya obrado mal. Ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el Estado y sus organismos responden igual.

Entran los daños de la vía pública (aceras, baches, alcantarillas, árboles, farolas), de las carreteras, de la sanidad pública, de las obras públicas o de los servicios municipales de agua o limpieza. La misma ley regula supuestos especiales que aquí no tratamos: la responsabilidad del Estado legislador (art. 32.3 a 6) y la de la Administración de Justicia, que se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 32.7).

Esta entrada explica la norma en general y no es asesoramiento jurídico.

Requisitos: daño, relación con el servicio y antijuridicidad

La ley y los tribunales exigen cuatro cosas a la vez:

La relación de causa es el nexo causal de cualquier reclamación, y la carga de probarla es de quien reclama; la de la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima, de la Administración.

Funcionamiento normal no significa responsabilidad automática. La Administración no es una «aseguradora universal» de todo lo que pase en un servicio público. El Tribunal Supremo lo resume en su sentencia 61/2026, de 27 de enero (Sala de lo Contencioso, rec. 5434/2024, Roj STS 197/2026, ECLI:ES:TS:2026:197), sobre un efecto adverso de la vacuna de la COVID-19: la línea divisoria entre el funcionamiento normal y el anormal «se sitúa en el cumplimiento o incumplimiento de los estándares de calidad exigibles a cada uno de los servicios públicos». En la sanidad, ese estándar es la *lex artis*; en una acera, el estado de conservación razonable.

Responsabilidad patrimonial del ayuntamiento por caídas en la vía pública

Es la reclamación más frecuente. Las caídas se resuelven por los hechos de cada caso y rara vez llegan al Tribunal Supremo; el criterio lo fijan los juzgados y los tribunales superiores de justicia, como resume la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1035/2026, de 6 de octubre (rec. 2491/2023, Roj STSJ CAT 7918/2026, ECLI:ES:TSJCAT:2026:7918):

Las pequeñas irregularidades no se indemnizan. Las irregularidades del pavimento «perfectamente visibles» no dan derecho a indemnización cuando no impiden el paso por una acera «suficientemente amplia y está en buen estado»; sí lo dan cuando el obstáculo «obliga a superar lo que es el normal límite de atención exigible en el deambular». No se exige una vía perfecta, sino que la Administración haya cumplido «un estándar de vigilancia y conservación razonables».

Lo que pesó en el caso. Un desnivel de menos de 1,5 cm en una acera de 6 metros de ancho, a las 13:30 y a plena luz del día, frecuentada por la propia reclamante: sin responsabilidad: el desnivel era perceptible y evitable y no se acreditó el nexo causal con la caída. Que el ayuntamiento reparara la acera después no supone reconocer su responsabilidad: es su deber de conservación de la vía.

Cuando la víctima también contribuye, se reparte. En la sentencia del mismo tribunal 759/2026, de 8 de junio (rec. 1710/2023, Roj STSJ CAT 4796/2026, ECLI:ES:TSJCAT:2026:4796), un hombre de 72 años que caminaba con andador metió una pata del andador en un hueco de baldosas rotas. El tribunal apreció la responsabilidad del ayuntamiento, pero repartió: 80 % al propio lesionado, por su situación previa (ataxia, caídas anteriores, dependencia) y 20 % al defecto municipal, y la indemnización quedó en 9.708,23 €. Es la concurrencia de culpas aplicada a la Administración: aquí no hay un tope legal del 75 % como en tráfico.

Si hay un particular implicado, también se reparte. En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 201/2026, de 9 de junio (rec. 112/2026, Roj STSJ PV 2182/2026, ECLI:ES:TSJPV:2026:2182), un árbol de una finca privada que invadía la acera cayó sobre un peatón: el ayuntamiento, que no ordenó su mantenimiento, respondió del 30 % y la propietaria del 70 %, las dos en el mismo pleito contencioso. Los árboles públicos y lo que paga el seguro de hogar, en caída de un árbol: quién paga; la valla o la señal de una carretera con animales, en accidente con un animal en la carretera.

Si el daño lo causa una empresa que hace una obra o presta un servicio para la Administración, responde en principio el contratista, salvo que el daño venga de una orden directa de la Administración o de un vicio del proyecto (art. 196 de la Ley 9/2017 y art. 32.9 de la Ley 40/2015). El perjudicado puede pedir al órgano de contratación, dentro del año siguiente al hecho, que diga a quién corresponde, y esa petición interrumpe la prescripción.

Cómo se reclama: plazo, contenido y silencio

No hay un modelo oficial único: cada Administración tiene su formulario o su trámite en la sede electrónica, y vale un escrito con lo que pide la ley.

Cómo se cuenta el año. Ejemplo inventado: caída el 10 de marzo de 2026, alta con secuelas estabilizadas el 15 de septiembre de 2026. El año empieza en esa segunda fecha, así que se puede reclamar hasta el 15 de septiembre de 2027. Si solo hay daños materiales (unas gafas, un coche), cuenta desde el hecho. La Administración también puede iniciar el procedimiento de oficio, pero solo si no ha prescrito el derecho del perjudicado (art. 65). Los plazos civiles que se cruzan con este, en prescripción.

El silencio es negativo. El artículo 24.1 lo dice expresamente para la responsabilidad patrimonial. Los seis meses se cuentan desde la entrada de la reclamación en el registro de la Administración competente (art. 21.3.b). La desestimación por silencio solo sirve para poder recurrir, y la Administración sigue obligada a resolver. Para recurrir ante el juzgado contencioso, el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 habla de seis meses desde el acto presunto, pero el Tribunal Constitucional (sentencia 52/2014, de 10 de abril) entendió que la impugnación de las desestimaciones por silencio «no está sujeta al plazo de caducidad» de ese artículo. Contra una resolución expresa, el plazo general es de dos meses.

Cuánto se indemniza: artículo 34 de la Ley 40/2015

El artículo 34 fija los criterios:

Regla general (daños materiales). La indemnización se calcula «con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado» (34.2). En la práctica, el coste de reparar o el valor real de lo destruido, con facturas, presupuestos y fotos.

Daños personales. «En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social» (34.2). Es decir, el baremo de tráfico como orientación: la sentencia 759/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recuerda, citando al Supremo, que en la responsabilidad patrimonial el baremo tiene «un carácter meramente orientativo». Cómo se valoran las lesiones, en valoración del daño corporal y en baremo de tráfico.

Fecha y actualización. La cuantía se calcula al día en que se produjo la lesión, y se actualiza a la fecha en que termina el procedimiento con el Índice de Garantía de la Competitividad del INE, más los intereses de demora en el pago según la Ley General Presupuestaria o las normas autonómicas (34.3).

El seguro de la Administración y la acción directa

Muchas Administraciones tienen un seguro de responsabilidad civil o patrimonial. El perjudicado tiene la vía administrativa y contenciosa, en la que puede demandar también a la aseguradora, y la acción directa en la vía civil. Cómo se combinan lo resume la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 1820/2025, de 11 de diciembre (rec. 3090/2021, Roj STS 5707/2025, ECLI:ES:TS:2025:5707), con cita de su jurisprudencia desde la sentencia de pleno 321/2019:

La vía civil tiene límites. En la acción directa, la aseguradora no puede quedar obligada «más allá de la obligación del asegurado». Y si el perjudicado eligió la vía administrativa y consintió que la resolución quedara firme (en vía administrativa o tras el recurso contencioso), ya no puede ir a la civil contra la aseguradora para obtener lo que se le negó o más de lo reconocido. En el caso de 2025, eso supuso desestimar íntegramente la demanda contra la aseguradora de una administración sanitaria. La sentencia solo deja a salvo los expedientes iniciados de oficio por la Administración.

La propia Ley 40/2015 añade que, cuando la Administración actúa en relaciones de derecho privado, su responsabilidad se exige con los artículos 32 y siguientes, también si se reclama directamente a la entidad que la asegura (art. 35). Las excepciones que puede oponer la aseguradora y los intereses frente al perjudicado, en acción directa.

Qué cubre la póliza de cada Administración (límites, franquicias, exclusiones) depende del contrato que haya firmado; no hay un contenido legal mínimo.

La aseguradora del perjudicado: pagar y recobrar de la Administración

Si el perjudicado tiene un seguro de daños propio (hogar, todo riesgo del coche, comercio), lo habitual es que cobre de su compañía según la póliza y que esta reclame después a la Administración. Por el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, una vez pagada la indemnización, el asegurador puede ejercitar los derechos y acciones del asegurado frente a los responsables «hasta el límite de la indemnización». Con la Administración, esa reclamación sigue también el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Más sobre la figura en subrogación y el proceso completo en recobro de siniestros.

Ejemplo inventado. Una farola municipal mal anclada cae sobre un coche aparcado. La reparación cuesta 3.400 €; el todo riesgo, con 300 € de franquicia, paga 3.100 € y reclama esa cantidad al ayuntamiento; el dueño puede reclamar sus 300 €. Si al final el ayuntamiento solo paga 1.700 € (el 50 %, por ejemplo por una concurrencia), el recobro se reparte entre compañía y asegurado «en proporción a su respectivo interés» (último párrafo del art. 43): 1.550 € para la compañía (3.100/3.400) y 150 € para el asegurado (300/3.400).

Un punto abierto: el plazo. El Tribunal Supremo ha admitido varios recursos para decidir si la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó en plazo el asegurado, después de que su aseguradora le indemnizara, interrumpe la prescripción de la acción subrogatoria de la compañía frente a la Administración (auto de la Sala de lo Contencioso de 8 de julio de 2026, rec. 1092/2026, Roj ATS 6818/2026, ECLI:ES:TS:2026:6818A; admiten la misma cuestión los autos de 10 de junio de 2026, rec. 7947/2025, ECLI:ES:TS:2026:5760A, y de 8 de julio de 2026, rec. 7582/2025, ECLI:ES:TS:2026:6819A). A 7 de noviembre de 2026 no hay sentencia publicada en CENDOJ. Hasta que la haya, lo prudente es que la propia aseguradora reclame dentro del año.

Y al revés: la aseguradora de la Administración que paga. También puede repetir contra el responsable final. En la sentencia de la Sala de lo Civil 747/2026, de 13 de mayo (rec. 5810/2021, Roj STS 2312/2026, ECLI:ES:TS:2026:2312), un peatón resbaló en una avenida recién urbanizada; el juzgado contencioso condenó al ayuntamiento a pagarle 17.183,94 €, su aseguradora pagó y después demandó a los técnicos de la obra. El Supremo dijo que el plazo de esa acción de repetición corre desde el pago, no desde la reclamación del peatón.

Qué recoge el perito

El perito no decide si la Administración es responsable: lo resuelve ella y, si hay pleito, el juez. Su trabajo es fijar los hechos que tendrá que valorar el servicio que informe (art. 81.1) y, en su caso, el órgano consultivo:

1. El defecto, medido. Qué era (baldosa levantada, alcorque sin tapa, bache, rejilla), con fotos fechadas y una referencia de escala, y sus medidas: altura del desnivel en centímetros, anchura y profundidad. Las sentencias se deciden muchas veces por esas cifras.

2. El entorno. Anchura de la acera y si había paso alternativo, iluminación y hora, visibilidad, señalización o vallado, obras en curso, lluvia o suciedad. Es lo que permite decir si el defecto superaba el «límite de atención exigible».

3. La mecánica. Cómo y dónde ocurrió, si encaja con las lesiones o los daños, testigos y, si intervino, el informe de la policía local. Sin mecánica clara no hay nexo causal.

4. El titular y el estado de conservación. De quién es la vía, el árbol o la instalación (municipal, autonómica, de un particular, de una concesionaria o un contratista), y si hay rastro de avisos previos o de mantenimiento.

5. La valoración completa. Los daños materiales con facturas o presupuestos, y los personales con informes médicos y, como referencia, el baremo; sin aplicar porcentajes de culpa, que no le corresponden salvo que el encargo lo pida.

6. Las fechas. El día del hecho, el de la curación o la estabilización de las secuelas y el del pago de la compañía, porque de ellos dependen los plazos. Si el informe acaba en juicio, ver ratificar un informe pericial en juicio.

Errores frecuentes

Creer que cualquier caída en la calle se indemniza. Reclamar al funcionario en lugar de a la Administración. Dejar pasar el año, o contarlo desde la caída cuando hay lesiones que siguen en tratamiento. Esperar indefinidamente una respuesta sin saber que a los seis meses se puede recurrir. Acudir a la vía administrativa, dejar firme la desestimación y demandar después a la aseguradora en la vía civil. Y en el informe, fotos sin medidas ni fecha o una valoración ya descontada.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración? La obligación de indemnizar los daños que causa el funcionamiento normal o anormal de un servicio público, salvo fuerza mayor o daños que haya que soportar (art. 32 de la Ley 40/2015).

¿Qué plazo hay para reclamar? Un año desde el hecho; si hay lesiones, desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas (art. 67.1 de la Ley 39/2015).

¿Qué pasa si la Administración no contesta? A los seis meses desde la entrada de la reclamación se puede entender desestimada (art. 91.3) y recurrir ante el juzgado contencioso-administrativo; la Administración sigue obligada a resolver.

¿Hay un modelo de reclamación? No uno oficial común. Cada Administración tiene su formulario o trámite electrónico; lo imprescindible es lo que pide el artículo 67.2: las lesiones, la relación con el servicio, la evaluación económica si es posible, la fecha y las pruebas.

¿Puedo reclamar directamente al seguro del ayuntamiento? Sí, con la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, ante el juzgado civil y solo contra la aseguradora, sin pasar por la vía administrativa. Si ya reclamaste al ayuntamiento y dejaste firme la resolución, el Supremo no admite usar después la acción directa para obtener lo que se te negó o más de lo reconocido (STS 1820/2025).